La crisis habitacional porteña no puede leerse sólo como un problema inmobiliario. Los desalojos masivos reponen una frontera social y racial que expulsa a miles de familias mientras protege la renta especulativa y consolida una ciudad cada vez más excluyente.
Por Giselle Aguirre
La Ciudad de Buenos Aires atraviesa un recrudecimiento de desalojos que, además de protagonizar la campaña del gobierno de la Ciudad “Ley, orden y propiedad privada”, son parte de una crisis más profunda de desigualdad, racismo y precariedad habitacional. Desde la asunción de Jorge Macri en 2023, se ejecutaron más de 600 desalojos y se iniciaron más de 1.200 juicios en solo siete meses, afectando a más de 3.000 personas, incluyendo 1.060 niños, que terminan en situación de calle. Esto agrava una crisis donde el 35,7% de los hogares son inquilinos (según datos del propio Instituto de Vivienda de la Ciudad) A su vez, existen 49 barrios populares donde viven miles de familias en situación de emergencia y alrededor de 12.000 personas que viven en situación de calle. Ni mención de cómo va a hacer el gobierno de la ciudad para garantizar el derecho a la vivienda de las personas desalojadas.
W.E.B. Du Bois lo planteó con claridad: “El problema del siglo XX es el problema de la línea de color, la relación entre las razas más oscuras y las más claras”. En la Buenos Aires de hoy, esa línea se traza en quién accede a la vivienda y quién es desplazado: negritud y pobreza marcan a quienes pierden sus hogares y enfrentan especuladores.
En este sentido, quienes nos identificamos con el campo nacional y popular necesitamos dos acuerdos básicos para salir de la resistencia y avanzar con propuestas concretas. Primero, debemos volver a jerarquizar la función social de la propiedad, principio constitucional que prioriza el uso efectivo y productivo del suelo por sobre la especulación, obligando al Estado a intervenir cuando un inmueble abandonado o subutilizado daña el interés colectivo. Por ejemplo, ¿qué es más útil para nuestra ciudad y nuestros barrios: dejar un edificio abandonado para futura valorización o garantizar el derecho a la vivienda de familias que lo habitan, lo sostienen y le dan vida? La función social de la propiedad no es retórica ni panfleto de lucha, es una herramienta práctica para garantizar el acceso del pueblo a la ciudad con la que tenemos experiencia. Cuenta de ello dan el movimiento villero peronista frente a las topadoras de Cacchiatore, las luchas por la AU3 y la mesa de barrios populares en la Ley de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (Ley 27.453). Estos antecedentes nos ayudan a operacionalizar principios con contundencia: uso sobre especulación, vida sobre despojo, ciudad para quien la vive, la vivienda es de quien la habita y la garantía de una vivienda digna es un derecho constitucional.
En segundo lugar debemos lograr una coherencia entre visión, técnicas y propuestas de acción para intervenir sobre la crisis habitacional de la ciudad. La derecha lo ha hecho y por eso siguen avanzando en su proyecto de ciudad para pocos. Macri celebra “más de 600 propiedades recuperadas” como una cruzada por la propiedad privada entre supuestos okupas y propietarios legítimos, articulando visión de ciudad ordenada y blanca, técnicas judiciales rápidas que adaptan criterios (supuesto peligro de derrumbe, hoteles inactivos) y acción represiva vía desalojos forzados.
Susan Fainstein define justicia urbana como una redistribución equitativa de cargas y beneficios de todo proceso urbano. En la Ciudad de Buenos Aires los desalojos recaen desproporcionadamente sobre familias racializadas y de bajos ingresos mientras los beneficios del mercado inmobiliario se concentran en un puñado de especuladores.
La propuesta programática del gobierno vinculada a la vivienda consiste en desfinanciar el Instituto de Vivienda de la Ciudad y presentar la recuperación de propiedades como un bien común. Esta simplificación viene a enmascarar un conflicto profundo, la tensión entre quienes usan la vivienda para vivir y quienes la mantienen como instrumento de ganancia especulativa. Como señala Oscar Oslak, es una dinámica que históricamente produce “ilegales” en el tejido urbano, con criterios de merecimiento y permanencia atados a la propiedad y la herencia.
Esta narrativa no es neutral sino que busca naturalizar desalojos masivos y profundizar la línea de color que Du Bois identificó, dejando a miles sin hogar mientras especuladores acumulan.
Defender la vivienda es proteger vidas y un precepto de humanidad básica. Un proyecto nacional y popular para la ciudad de Buenos Aires debe defender el derecho a la vivienda con medidas concretas, con la urgencia que la situación demanda y la contundencia que ya tenemos en nuestro ADN.
*Politóloga UBA. Especialista en Planificación Urbana y Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Catalunya y maestranda en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona. Referente territorial de Patria Grande.