La detención de Santiago Ramos, referente de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, generó denuncias de organizaciones indígenas y de derechos humanos, que advierten sobre un aumento de la persecución judicial contra quienes sostienen reclamos territoriales en Misiones.
Por Jeremías Perez Rabasa
La detención de Santiago Ramos, Mburuvicha (líder) de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, volvió a poner en escena el avance sobre los territorios indígenas en Misiones y la creciente criminalización de quienes encabezan reclamos territoriales frente a empresas forestales y propietarios privados. Ramos fue detenido el lunes 5 de mayo en Garuhapé, en el marco de una causa por “usurpación” impulsada sobre tierras relevadas dentro de la Ley 26.160, normativa que reconocía la ocupación ancestral de comunidades indígenas.
El operativo incluyó el traslado de integrantes de la comunidad a la comisaría local. Organizaciones sociales vinculadas al trabajo con pueblos originarios denunciaron que también fueron llevadas mujeres, niños y otros miembros de la comunidad, en medio de un fuerte despliegue policial. Según denunciaron el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA) y otras organizaciones, hubo separación de grupos familiares, retención de teléfonos celulares y toma de datos personales a mujeres y niños.
La comunidad Puente Quemado II mantiene desde hace años un conflicto territorial en una zona atravesada por el avance de emprendimientos forestales. Ramos había denunciado públicamente desmontes y plantaciones de pino sobre territorios reclamados por la comunidad y vinculó esa situación con empresas del sector forestal que operan en Misiones, entre ellas Arauco. También había reclamado el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La detención ocurrió pocos días después de que el caso fuera presentado ante instancias internacionales vinculadas a Naciones Unidas. Distintas organizaciones señalaron que el procedimiento constituye una forma de amedrentamiento frente a la visibilización internacional del conflicto. Desde la EMIPA y la Red Eclesial del Gran Chaco y Acuífero Guaraní, sostienen que no pueden ser considerados usurpadores porque es su propio territorio y exigieron el cese de la persecución judicial contra la comunidad.
Horas después de las detenciones, Santiago Ramos y el resto de los integrantes de la comunidad recuperaron la libertad tras la presión de organizaciones indígenas, ambientales y de derechos humanos. Sin embargo, el conflicto territorial continúa abierto en una provincia donde las disputas entre comunidades indígenas, empresas forestales y propietarios privados se profundizaron tras la derogación del régimen de emergencia territorial indígena dispuesto por el gobierno nacional.