Los operativos de saturación, los desalojos masivos, el perfilamiento racial y la “prioridad porteña” configuran mucho más que medidas aisladas de gestión: consolidan un régimen urbano de segregación de facto donde la circulación, la vivienda y el acceso a derechos quedan atravesados por criterios territoriales, sociales y raciales. El “apartheid porteño” se sostiene mediante violencia institucional, administración diferencial de derechos y una estrategia sistemática de propaganda securitaria desde las propias redes oficiales del Gobierno de la Ciudad.
Por Federico Pita
El video difundido por el Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería producir un escándalo político y democrático de enormes dimensiones. No solamente por el nivel de violencia institucional explícita que exhibe, sino porque condensa, en pocos segundos, una doctrina urbana cada vez más consolidada bajo la gestión de Jorge Macri: la construcción de un régimen selectivo de circulación, permanencia y acceso a derechos basado en criterios territoriales, sociales y raciales. “¿De dónde es usted? … De Temperley. Bueno, vuelva a Temperley, señor, no tiene que venir a la ciudad”, dice una agente durante un operativo de saturación en terminales ferroviarias mientras la escena es celebrada y difundida oficialmente en redes sociales por el propio gobierno porteño. No se trata de un exabrupto individual. Es una pedagogía estatal. Un mensaje disciplinador. Una política de acción psicológica orientada a producir terror, humillación y expulsión sobre determinados cuerpos que son construidos como ajenos, sospechosos o indeseables dentro del espacio urbano porteño.
La gravedad del episodio excede ampliamente el debate sobre seguridad pública. Lo que aparece allí es una redefinición política de la ciudad y de la ciudadanía. El problema ya no es solamente quién delinque, sino quién circula. Quién merece estar. Quién puede habitar el espacio público sin ser interpelado, requisado o desplazado. La frase “vuelva a Temperley” funciona como frontera. Una frontera interna. Una General Paz convertida en límite moral, racial y social entre la “ciudad ordenada” y los territorios desde donde provienen aquellos sujetos que el dispositivo securitario codifica como amenaza. En ese marco, el operativo de saturación no aparece orientado únicamente a prevenir delitos sino a administrar poblaciones, controlar movilidades y producir una segregación urbana de facto donde determinados sectores sociales —racializados, pobres, migrantes, habitantes del conurbano, trabajadores informales— quedan sometidos a una vigilancia diferencial permanente.
La Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, adoptada por Naciones Unidas en 1973, definió el apartheid no únicamente como el régimen sudafricano sino como un conjunto de prácticas destinadas a sostener la dominación sistemática de un grupo sobre otro mediante segregación territorial, restricciones de circulación, persecución política, privación de derechos y violencia institucional. Evidentemente Buenos Aires no reproduce mecánicamente la arquitectura jurídica sudafricana. Pero reducir el apartheid exclusivamente a su forma histórica clásica impide comprender cómo operan hoy las nuevas modalidades de segregación racial en las grandes metrópolis neoliberales. Porque el apartheid contemporáneo ya no necesita carteles que indiquen “solo blancos”. Funciona mediante algoritmos policiales, perfilamiento racial, desalojos selectivos, discursos meritocráticos, criminalización territorial y políticas públicas que establecen jerarquías diferenciales de acceso a la ciudad.
La gestión de Jorge Macri viene consolidando precisamente esa lógica. Los más de 700 desalojos ejecutados desde su asunción, los más de 1.200 juicios iniciados contra familias vulnerables, la expansión de operativos policiales en barrios populares y estaciones ferroviarias, la narrativa de “recuperar propiedades” y la permanente asociación entre pobreza e ilegalidad forman parte de un mismo proyecto urbano. Un proyecto higienista. Un modelo de ciudad pensado para proteger la renta inmobiliaria, garantizar la valorización especulativa del suelo y expulsar de la centralidad urbana a quienes no encajan en la estética social de la “ciudad ordenada”. No es casual que el discurso oficial contraponga constantemente “okupas”, “trapitos”, “fisuras” o personas en situación de calle frente a “la clase media”, “los vecinos” o “porteños de bien”. Allí opera una operación política clásica: transformar la desigualdad estructural en amenaza social y convertir a los sectores populares en enemigos internos del orden urbano.
Las propias declaraciones de Jorge Macri terminan revelando con brutal honestidad el núcleo ideológico del proyecto. “Querían hacernos vivir como en lo peor del conurbano”, afirmó el jefe de Gobierno tras celebrar el desalojo número 700, antes de rematar: “Bienvenidos a la Ciudad de los porteños de bien”. La frase no constituye solamente una estigmatización territorial. Produce una racialización política del conurbano como espacio de desorden, degradación y amenaza moral frente a una Ciudad que se autopercibe blanca, ordenada, productiva y merecedora de protección estatal. “Lo peor del conurbano” aparece así como categoría condensadora de todos los fantasmas históricos de las élites urbanas argentinas: negritud, pobreza, informalidad, hacinamiento, migración, precariedad y plebeyización del espacio público. Del otro lado, “los porteños de bien” funcionan como sujeto político legitimado para reclamar limpieza social, control policial y expulsión de aquellos cuerpos considerados excedentes o peligrosos.
La ofensiva no se limita a la política habitacional o a la seguridad. El reciente decreto de “Prioridad Porteña”, mediante el cual el gobierno establece preferencias de acceso para residentes de la Ciudad en hospitales, trámites y servicios públicos, profundiza la institucionalización de una ciudadanía jerarquizada. Aunque el oficialismo insiste en que no existe exclusión formal, el principio político que organiza la medida es inequívoco: algunos cuerpos tienen prioridad y otros constituyen una carga. Algunos merecen derechos plenos y otros deben esperar. La frase de Jorge Macri “La Ciudad no va a ser más una prepaga gratuita de ningún extranjero” o sobre la Provincia como amenaza fiscal reproduce una lógica de cierre territorial donde el acceso a derechos deja de concebirse como universal para convertirse en privilegio administrado bajo criterios de pertenencia espacial y productividad tributaria. La ciudad ya no aparece como comunidad política abierta sino como enclave selectivo cuyos recursos deben reservarse para quienes son considerados legítimos propietarios de lo urbano.
En este contexto, comienzan también a emerger voces que rompen el silencio frente al avance de estas políticas. El legislador Alejandro “Pitu” Salvatierra denunció reiteradamente el carácter represivo y expulsivo de los desalojos impulsados por el gobierno porteño, señalando que detrás del discurso de orden existe un negocio inmobiliario sostenido sobre la destrucción de vidas populares. La reciente conformación de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional en la Legislatura porteña expresa precisamente que ya no resulta posible invisibilizar el crecimiento de prácticas estatales de hostigamiento, persecución y disciplinamiento policial. También el abogado Gregorio Dalbón sintetizó crudamente el núcleo del problema al afirmar sobre el video oficial: “Esto tiene que recorrer el mundo. Se llama RACISMO. Punto final”.
Y efectivamente de eso se trata. De racismo. Pero no únicamente entendido como prejuicio individual o insulto explícito. Se trata de racismo institucional. Un régimen de producción diferencial de humanidad donde ciertos sujetos son construidos como cuerpos excedentes cuya presencia debe ser controlada, desplazada o administrada coercitivamente. La selectividad policial no se distribuye aleatoriamente. Los operativos no saturan Puerto Madero para preguntarle a ejecutivos de dónde vienen. La sospecha estatal posee color, geografía y clase social.
La General Paz deja de ser solamente una avenida para transformarse en una frontera racializada entre quienes pertenecen plenamente a la ciudad y quienes apenas son tolerados bajo vigilancia. El “Apartheid porteño” no designa una equivalencia mecánica con Sudáfrica, sino una categoría política para nombrar un proceso concreto: la consolidación de un régimen urbano de segregación de facto sostenido por violencia institucional, exclusión territorial, administración diferencial de derechos y una estrategia sistemática de acción psicológica basada en propaganda securitaria difundidos desde las propias redes oficiales del Ministerio de Seguridad. Los videos de requisas, desalojos, detenciones y hostigamientos no funcionan únicamente como piezas comunicacionales sino como dispositivos disciplinadores orientados a producir terror, humillación y escarmiento social sobre determinados sectores de la población.
La pregunta ya no es si estas políticas son excesivas. La pregunta es cuánto tiempo más puede naturalizarse democráticamente un modelo de ciudad que necesita perseguir, expulsar y degradar para sostener su promesa de orden.