La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha la Comisión contra la violencia institucional. La nueva comisión quedó presidida por el legislador Alejandro “Pitu” Salvatierra.
Por Nicolás Parodi
En un contexto atravesado por cuestionamientos al accionar policial y denuncias por desalojos en la Ciudad de Buenos Aires, la Legislatura porteña constituyó la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional, un espacio que buscará monitorear abusos estatales y elaborar informes sobre violaciones a los derechos humanos en territorio porteño.
La comisión quedó presidida por el legislador Alejandro “Pitu” Salvatierra, quien en los últimos meses mantuvo fuertes cruces con el jefe de Gobierno, Jorge Macri, por los operativos de desalojo realizados en distintos barrios populares de la Ciudad.
“Esta comisión es fundamental en el contexto que estamos viviendo”, sostuvo Salvatierra durante la reunión constitutiva realizada en la Legislatura. El dirigente viene denunciando un endurecimiento de las políticas de seguridad y una creciente criminalización de la pobreza por parte de la administración porteña.
El nuevo organismo parlamentario tendrá entre sus funciones recibir denuncias, investigar episodios de violencia institucional, producir informes periódicos y promover instancias de formación y debate sobre derechos humanos y prácticas de las fuerzas de seguridad. Además, deberá elaborar dos informes anuales sobre la situación en la Ciudad y podrá convocar a especialistas y organismos de derechos humanos como asesores honorarios.
La vicepresidencia primera será ocupada por la legisladora Gimena Villafruela. También integran la comisión Silvia Imas, Marcelo Ernst, Graciana Peñafort, Victoria Freire, Sergio Siciliano y Andrea D’Atri, en una composición que refleja la diversidad política del cuerpo legislativo.
La activación de la comisión se da en medio de un clima de creciente tensión política por los operativos de seguridad desplegados por el gobierno porteño, especialmente en barrios de la zona sur de la Ciudad y durante manifestaciones públicas. Organizaciones sociales y referentes de derechos humanos vienen advirtiendo sobre detenciones arbitrarias, desalojos violentos y episodios de hostigamiento policial.
Desde sectores de la oposición consideran que la comisión puede transformarse en una herramienta clave de control institucional sobre las fuerzas de seguridad y un canal parlamentario para visibilizar denuncias que muchas veces no encuentran respuesta en la Justicia.
No es la primera vez que la Legislatura porteña pone en funcionamiento este ámbito. El año pasado la comisión estuvo presidida por el legislador Gabriel Solano, acompañado por Alejandrina Barry y Graciana Peñafort en las vicepresidencias, con eje en el seguimiento de casos de represión y violencia estatal registrados durante protestas sociales y operativos policiales.
Mientras el gobierno de Jorge Macri profundiza una agenda basada en el control del espacio público y el endurecimiento de los operativos, desde distintos sectores opositores buscan instalar el debate sobre los límites institucionales del accionar estatal y la necesidad de garantizar derechos básicos en los barrios más castigados de la Ciudad.