Desde la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR) apoyamos la aprobación en la Asamblea General de la Naciones Unidas de la resolución que reconoce a la trata transatlántica de africanos esclavizados y al sistema esclavista como uno de los crímenes de lesa humanidad más grave de la historia. Este reconocimiento no constituye un gesto meramente simbólico, sino un paso sustantivo en la consolidación de un consenso internacional que vincula de manera directa la esclavitud con la persistencia de las desigualdades raciales contemporáneas y con la necesidad de avanzar en políticas de reparación histórica.
La resolución, aprobada por una amplia mayoría de Estados, reafirma que la esclavitud no es un episodio clausurado del pasado, sino un sistema histórico de explotación y deshumanización cuyas consecuencias continúan estructurando las relaciones sociales, económicas y políticas a escala global. La racialización de la fuerza de trabajo, la acumulación de capital basada en la expropiación violenta de cuerpos africanos y la institucionalización de jerarquías raciales constituyen dimensiones constitutivas del orden moderno que aún hoy organizan la distribución desigual de la riqueza, el poder y la vida.
En este contexto, la decisión del Estado argentino de votar en contra de esta resolución adquiere una gravedad política singular. No se trata de un desacuerdo técnico ni de una diferencia coyuntural, sino de una definición que inscribe a la Argentina en un bloque minoritario que niega el carácter estructural de los crímenes del colonialismo y la esclavitud. El voto del gobierno de Javier Milei, en alineamiento con Estados Unidos e Israel, expresa una política exterior basada en la subordinación geopolítica y en el rechazo a toda agenda que cuestione las bases históricas del orden racial global.
Esta posición no sólo aísla a la Argentina del consenso internacional, sino que además entra en abierta contradicción con los compromisos asumidos por el propio Estado en materia de derechos humanos. La Constitución Nacional, a través de su artículo 75 inciso 22, otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales que reconocen la centralidad de la lucha contra el racismo. Asimismo, la adhesión al Programa y Plan de Acción de Durban en 2001 estableció con claridad que la esclavitud y la trata transatlántica constituyen crímenes de lesa humanidad y una de las principales fuentes del racismo contemporáneo.
Negar este consenso implica desconocer no sólo el desarrollo del derecho internacional, sino también las luchas históricas de los pueblos afrodescendientes en todo el mundo. La resolución aprobada por la Asamblea General no surge de una iniciativa aislada, sino de décadas de organización política, producción intelectual y articulación internacional que han logrado instalar la agenda de memoria, justicia y reparaciones en el centro del debate global.
El voto negativo del Estado argentino tiene, además, consecuencias concretas en el plano interno. En un país donde la comunidad afrodescendiente ha sido sistemáticamente objeto del racismo criollo que la invisibiliza, niega y extranjeriza, la negación de la centralidad de la esclavitud refuerza las condiciones que sostienen el racismo estructural. La invisibilización estadística, la exclusión de las narrativas históricas oficiales y la persistencia de desigualdades socioeconómicas no pueden ser comprendidas por fuera de ese proceso histórico que el gobierno decide hoy negar.
La resolución también avanza en un aspecto clave: la afirmación de la imprescriptibilidad de los crímenes vinculados a la esclavitud y la responsabilidad de los Estados en la reparación integral de sus consecuencias. Este punto resulta fundamental para comprender que las demandas de reparación no constituyen un reclamo del pasado, sino una exigencia de justicia en el presente, orientada a transformar las condiciones materiales y simbólicas que reproducen la desigualdad racial.
En este escenario, el posicionamiento del gobierno argentino no es neutro. Se trata de una intervención activa en contra de un proceso global que busca reconocer, reparar y transformar las herencias del sistema esclavista. Al rechazar esta agenda, el Estado no sólo niega el pasado, sino que también intenta bloquear las posibilidades de construir un futuro basado en la justicia racial y la igualdad sustantiva.
Desde DIAFAR afirmamos que la memoria no es negociable y que el reconocimiento histórico constituye una condición indispensable para cualquier proyecto democrático. No hay justicia sin memoria, y no hay democracia posible sin reparaciones. La negación de estos principios no sólo vulnera los derechos de las comunidades afrodescendientes, sino que debilita el conjunto del sistema democrático.
Frente a este escenario, reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la memoria, la justicia y las reparaciones, y convocamos a todos los sectores comprometidos con los derechos humanos a rechazar el avance de discursos y políticas negacionistas. La memoria de la esclavitud y sus consecuencias constituye un campo de disputa central en la construcción de sociedades más justas e igualitarias.