Con un despliegue de más de 1.500 efectivos en 15 barrios populares, el Gobierno de la Ciudad volvió a poner en marcha la “Operación Tormenta Negra”. Detrás del show policial y la propaganda securitaria que financia la pauta oficial, la gestión de Jorge Macri profundiza un modelo de ciudad segregada que prioriza la persecución sobre las barriadas populares por encima de cualquier política real contra el delito. La oposición política y referentes territoriales denuncian el fracaso de estos operativos y reclaman poner fin a la criminalización de la pobreza en la Ciudad.
Por Federico Pita
El resplandor de las sirenas azules, el estruendo constante de los helicópteros sobre los techos de chapa y las cámaras de la Ciudad filmando el escarmiento en alta definición forman parte del lenguaje corriente con el que el Gobierno de Jorge Macri le habla a las barriadas populares. La autodenominada “Operación Tormenta Negra” irrumpió de manera simultánea en 15 barrios populares de la Capital con un batallón de más de 1.500 efectivos. Vuelven a ejecutar el mismo libreto de siempre: requisas vejatorias, secuestro de vehículos y clausuras arbitrarias a los comercios de cercanía.
Este despliegue se apalanca en un cerco mediático que apura pauta oficial masiva en los grandes medios de comunicación. La gestión de Jorge Macri compra un blindaje mediático para tapar las grietas y el fracaso de su gestión, vendiendo propaganda punitiva empaquetada para el rating televisivo. El despliegue montado desde el Ministerio de Seguridad porteño no persigue la prevención del delito ni el desmantelamiento de las redes complejas del narcotráfico. La gestión local monta una puesta en escena disciplinadora diseñada para consumo mediático y redes sociales. Asistimos a la consolidación del Apartheid Porteño, un régimen urbano de segregación de facto basado en el racismo institucional, la profilaxis social y el perfilamiento racial. Este dispositivo establece límites estrictos para determinar quiénes gozan del derecho a habitar y circular por la metrópolis y quiénes quedan arrojados a la sospecha permanente y a los márgenes del mapa urbano.
La propaganda oficial bautizó la intervención bajo el nombre de “Tormenta Negra”, un enunciado que sintetiza la pedagogía punitiva de la gestión actual. El inconsciente de la élite gobernante concibe la negritud como una amenaza climática, un foco de peligro asociado a la pobreza, a los barrios vulnerados y al conurbano. El aparato estatal canaliza recursos masivos para saturar y perseguir a comunidades integradas por familias trabajadoras, infancias y jubilados. La fuerza pública escenifica su poder sin aplicar inteligencia criminal sobre el lavado de activos o los verdaderos capitales del delito. Priorizan la portación de rostro y el exhibicionismo represivo para sostener la narrativa ideológica de la “gente de bien”.
La oposición política y los movimientos del campo popular repudiaron con firmeza este nuevo avance sobre el territorio. El legislador porteño por Unión por la Patria Alejandro “Pitu” Salvatierra advirtió un dato revelador sobre la dinámica de estas irrupciones al señalar que “…el gobierno de la Ciudad va a hacer un operativo tipo tormenta negra en la Villa 20, los vecinos y vecinas lo saben hace horas. También lo saben los que tienen algo que esconder, que a esta altura ya se pudieron ir del barrio”. El aviso previo demuestra el fracaso rotundo del operativo como política real de seguridad. Si la llegada de la fuerza pública trasciende con anterioridad, las redes delictivas a las que supuestamente persiguen evacúan la zona a tiempo. El Gobierno no busca sorprender al delito; ejecuta un show mediático y una política de terrorismo blanco pensada para aterrorizar a la población civil y estigmatizar la vida comunitaria.
En esa misma línea se pronunció la legisladora porteña Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, quien apuntó contra el trasfondo del despliegue al denunciar que “Esto es Jorge Macri. Un cobarde usando las fuerzas represivas del Estado como un juego de hostigamiento y racismo contra las poblaciones más empobrecidas”. Las irrupciones masivas suspenden las garantías constitucionales dentro de los barrios populares y transforman a las villas en enclaves militarizados donde la ciudadanía plena queda anulada. A este repudio se le suma la voz territorial e institucional del presidente de la Junta Comunal 8, Lautaro Eviner, quien denunció en redes sociales el hostigamiento sistemático que padecen a diario los vecinos de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo bajo el pretexto de la seguridad pública.
El pensamiento de Steve Biko sobre la Conciencia Negra enseña que la eficacia de cualquier sistema de segregación depende de la capacidad del poder para acostumbrar a los oprimidos al estigma, a la humillación y a la resignación. El Apartheid Porteño prescinde de carteles o marcos jurídicos explícitos. Opera mediante barreras invisibles, persecución selectiva, el cercenamiento de la atención médica a través de la “Prioridad Porteña” y operativos de saturación diseñados para disciplinar a las barriadas.
La respuesta colectiva frente a esta avanzada exige rechazar cualquier forma de repliegue. Desmontar la política urbana del macrismo requiere transformar el estigma en organización popular, destruir el espejo deformante del opresor y consolidar una conciencia política dispuesta a construir una ciudad donde los derechos universales jamás dependan de tu color de piel, tu identidad, ni de la pertenencia territorial. Digamos no a la Tormenta Antinegra, no al Apartheid Porteño.