En el marco del pasado 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, recordamos a quienes fueron obligados a abandonar su tierra por la persecución y la violencia. Más de un siglo después del Genocidio Armenio, la limpieza étnica y expulsión de la población armenia de Artsaj por parte de Azerbaiyán volvió a demostrar que el desarraigo forzado sigue siendo una de las consecuencias más dolorosas de la negación de los derechos de un pueblo.
Por Agustín Analian
Se suele pensar que el racismo comienza con un insulto, una agresión o una política de segregación. Y lo cierto es que empieza mucho antes, cuando una parte de nuestra sociedad acepta que existen personas o pueblos cuya vida vale menos que la de otros. ¡Ojo!, tampoco termina cuando cesa la violencia. Este fenómeno sobrevive mientras esté vigente el intento de negar, relativizar o borrar la historia de sus víctimas.
El genocidio armenio es un caso elocuente de esa lógica. Entre 1915 y 1923 un millón quinientos mil armenios fueron exterminados por el Estado turco, y, más de un siglo después, su perpetrador continúa negando ese crimen. Aunque Turquía alegue que se trata de un simple desacuerdo historiográfico, sabemos bien que es una estrategia política que busca impedir el reconocimiento, eludir responsabilidades y privar al pueblo armenio del derecho a la memoria, verdad, justicia y reparación.
Ningún genocidio ocurre de un día para otro. Antes de las deportaciones, las masacres o el exterminio aparecen los discursos que clasifican a las personas según su origen, su religión o su pertenencia étnica, entre otras razones. Se instala la idea de que existe un “otro” que representa una amenaza o un obstáculo para el proyecto político en construcción. Es la deshumanización la que precede siempre al crimen.
Rafael Lemkin, el jurista que acuñó el término “genocidio”, advertía que estos crímenes podían responder a proyectos imperiales, coloniales, raciales o ideológicos, pero también alimentarse de un nacionalismo exacerbado y excluyente. No es casual, entonces, que muchos de los genocidios de los siglos XIX y XX hayan estado estrechamente vinculados con la construcción del Estado moderno; del Estado-nación. En la mayoría de los casos se repite el mismo patrón, que consta de un poder central organizado y dotado de instituciones capaces de ejecutar la violencia, una ideología que deshumaniza a un grupo y una decisión política orientada a destruirlo, hasta el punto de procurar su eliminación física.
Mucho antes de la consolidación del Estado-nación, ese mismo mecanismo ya había hecho posible la trata transatlántica de millones de personas africanas esclavizadas, recientemente catalogada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. Y es que no bastaba con la ambición económica, porque además era necesario instalar la idea de que aquellas personas podían ser reducidas a mercancía, despojadas de su condición humana y privadas de toda dignidad. Por esa razón es que la esclavitud fue posible, porque el racismo la justificó antes de que existieran las cadenas. Lo preocupante es que hoy, frente a este reconocimiento global, nos encontramos con una Argentina votando en contra de la resolución y una Armenia que se abstiene. Estos comportamientos evidencian un preocupante avance del negacionismo y su posible institucionalización.
Por eso es tan importante estudiar y reconocer estos hechos trágicos, mantener viva su memoria y hacerlos visibles. Cuando una sociedad desconoce, olvida, relativiza o niega estos crímenes, pierde la capacidad de reconocer las señales que los preceden. La impunidad afectó en el pasado y crea hacia adelante las condiciones para que la misma lógica vuelva a imponerse bajo otras formas, con otros discursos, otros medios y otras tecnologías. También permite que se consoliden relatos que presentan la exclusión y la discriminación como hechos naturales o inevitables, ocultando que fueron el resultado de decisiones políticas concretas. En nuestro país, durante décadas, la construcción del Estado nacional se enseñó como una historia de progreso y civilización, mientras se invisibilizaba la violencia ejercida contra los pueblos indígenas y las poblaciones afrodescendientes y se instalaba la idea de su “desaparición natural”. Cambian los contextos históricos y los responsables, pero permanece la idea principal de que existen personas o pueblos cuya vida vale menos que la de otros y que, por ese motivo, pueden ser discriminados, perseguidos, expulsados o eliminados.
Por esa misma razón es que el negacionismo es tan peligroso. Entendamos bien que constituye una falsificación del pasado e incluso se actualiza para discriminar en el presente. Entonces, de esta manera busca convencer a las nuevas generaciones de que el sufrimiento de determinadas comunidades puede discutirse, relativizarse o incluso desaparecer del relato histórico como verdad.
Toda política de negación comparte el principio de que lo que no se nombra deja de existir para la conciencia pública. Cuando un genocidio puede seguir siendo cuestionado más de cien años después, cuando la historia de millones de personas esclavizadas es minimizada o reducida a una nota al pie, se distorsiona el pasado y se debilita el compromiso presente con la igualdad y los derechos humanos.
Una democracia se fortalece cuando garantiza elecciones libres e instituciones estables. Pero también lo hace cuando protege la memoria de quienes fueron víctimas de la persecución y reconoce todas las historias que el odio intentó borrar. Allí donde el negacionismo encuentra espacio, la igualdad comienza a perderlo; y donde unas víctimas merecen memoria mientras otras siguen dependiendo de conveniencias políticas para obtener reconocimiento, la discriminación avanza. Las democracias deben garantizar la libertad de pensamiento y de expresión, más no pueden ser indiferentes cuando esos derechos son utilizados para legitimar el racismo, el negacionismo o la deshumanización de otros. La historia nos enseña que las ideas que atacan la dignidad humana también pueden permear en las instituciones democráticas, sí y sólo sí perdamos la capacidad de identificar sus intenciones y advertir su carácter antidemocrático.
El compromiso ciudadano, en nuestro caso, será combatir las expresiones racistas. Y eso exige mucho más que condenar manifestaciones de odio. Se trata de rechazar toda lógica de deshumanización, defender el derecho a la verdad y comprender que la memoria es fundamental en la protección y defensa de los derechos humanos. Porque sino el crimen se nos impone dos veces: primero, sobre las personas; luego, sobre su recuerdo.
*Magister en Relaciones Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella. Coordinador académico del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica.